El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, ha declarado que la va a reducir entre dos y cuatro los días de incapacidad temporal al año a los trabajadores públicos, que ahora se sitúa en un promedio anual de 21 jornadas.

Durante un desayuno informativo en el Hotel Ritz, el consejero de Sanidad indicó que los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2010 son austeros y que la masa salarial de los trabajadores públicos crece "cero". En este sentido, indicó que el plan de inspección de sanidad "se va a dedicar fundamentalmente a reducir entre dos y cuatro días el promedio de incapacidad temporal no sólo en la Administración sanitaria, sino en las administraciones docentes y en la Consejería de Asuntos Sociales".

"Tampoco podemos permitirnos por más tiempo el alto grado de absentismo laboral que se produce en todas las instituciones sanitarias", señaló el consejero, que apuntó que hay "una media de 21 días por trabajador y año en situación de incapacidad temporal", lo que supone un "coste sólo para la Comunidad de Madrid este año de 200 millones de euros".

El popular dijo que la ley de libre elección de médico suprime las once áreas sanitarias de la región creando una única área y señaló que "Madrid se configura como un área de salud única". Así, explicó en Madrid "los acuerdos de derechos sindicales y en gran medida, las horas de liberación sindical y los representantes sindicales están vinculados al número de áreas".

"No es un objetivo de la ley modificar la situación en lo que refiere a derechos sindicales", afirmó y destacó que están "abiertos a alcanzar acuerdos que permitan reducir significativamente las horas de liberación sindical, que en Madrid sólo en la sanidad pública son de 1,4 millones lo que equivale a 918 empleados públicos a tiempo completo y cuestan a los madrileños 30 millones al año".

Tras destacar que es necesario "no sólo contener sino reducir" el gasto en farmacia", Güemes dijo que por ello en la Comunidad se van a centralizar las adquisiciones que se puedan centralizar y se va a intentar que el criterio que apliquen los médicos a la hora de prescribir un medicamento sea adquirir el más barato de los medicamentos que sirven para lo mismo.

En este sentido, apuntó que el Gobierno de la Nación tiene "una gran responsabilidad" en la materia y abogó por pagar desde la administración el precio más barato por un medicamento, lo que "sólo en la Comunidad de Madrid supondría un ahorro de 250 millones de euros". "Es exigible al Ministerio de Sanidad y Política Social que las decisiones que tome sobre medicamentos por parte de sistema público estén siempre fundamentadas en rigurosos análisis de necesidad, coste y efectividad", indicó.

Además, apostó por "suprimir el criterio de gradualidad", ya que desde su implantación "está retrasando e impidiendo que se produzcan ahorros que se tiene que producir". En esta línea, también consideró que hay que "revisar el criterio por el que se establecen, los medicamentos no sustituibles".

En el ámbito autonómico dijo que hay que centrarse en los pacientes polimedicados y en la hiperprescripción de medicamentos, que a "acarrea problemas de salud" y efectos adversos que "impactan en el gasto". En esta línea, apostó por crear comisiones de farmacia para la creación de guías farmacoterapeuticas de consultas externas común a Primaria y Especializada. Así, dijo que ya hay una comisión en la región y que esperan contar con la guía para el año que viene.

En este sentido, indicó que están "ralentizando deliberadamente" la aplicación de la receta electrónica porque su efecto en otras comunidades en las que se ha implantado ha sido el de "disparar el gasto en farmacia".